Elio Rosa, Resistenze Internazionali (ASI en Italia). Artículo original (26/02/2020) en italiano aquí. En inglés aquí.
La propagación del coronavirus (COVID-19) en Italia está demostrando lo grave, peligroso y torpe que ha sido el proceso de desmantelamiento del sistema de salud pública llevado a cabo en los últimos años por las principales fuerzas políticas del país. Con la ayuda de la euforia liberal y el regionalismo federalista, los últimos veinte años han sido testigos del desmembramiento de la salud pública, privada de sus recursos, despedazada, demolida y desmembrada en tantos servicios sanitarios regionales autónomos, que en ningún caso poseen las competencias y el impacto que debería tener un Servicio Nacional de Salud unificado en un Estado moderno.
Uno de los principales instrumentos con los que se destruyó el sistema nacional de salud fue la reforma constitucional votada en 2001 por el centro-derecha y el centro-izquierda. Con la reforma del Título V de la Constitución, la responsabilidad de las cuestiones relativas a la salud de los ciudadanos se han transferido a las veinte regiones italianas. Esta decisión, nacida de la voluntad unánime de las fuerzas políticas mayoritarias, tenía por objeto transformar el sistema de salud, una conquista resultado de décadas de lucha de millones de familias italianas pobres, en un apéndice de la sanidad privada.
Evidentemente, este proceso fue en detrimento de las regiones y provincias más pobres, especialmente las del Sur que, privadas de los medios necesarios, se vieron obligadas a organizar el cierre de decenas de hospitales y la venta de bienes públicos a clínicas e instituciones privadas. Pero ha agravado las condiciones de todas las familias del Norte o del Sur del país que carecían de los medios y recursos para poder recurrir a la atención y los servicios de médicos e instalaciones privadas.
Concretamente, en los últimos años, se han quitado unos 37.000 millones de euros al sistema de salud, es decir, al cuidado de los ciudadanos y al bienestar general de la población.
Para dar una idea de cómo afectan estas cifras a nuestras vidas, basta pensar que en diez años se ha reducido en un 15% el número de hospitales en el territorio nacional, que también han cambiado su nombre y se han transformado en Unidades Sanitarias Locales (en italiano ‘aziende’, término utilizado también para designar a las empresas). De la misma manera, se ha reducido drásticamente el número de médicos, enfermeras y trabajadores sociales, por no mencionar el personal empleado en diversas funciones en el sector sanitario. Por dar sólo un ejemplo, basta con recordar que el número de médicos con contrato indefinido en el sistema de salud se ha reducido en un 10% en la última década.
Concretamente, los recortes de los últimos años han provocado la pérdida de no menos de 70.000 camas. ¡Una pérdida neta del 17% en comparación con una población enferma que, debido también al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida, ha aumentado! Esta situación ha hecho que, en comparación con la media de la Unión Europea de cinco camas por cada mil habitantes, Italia tenga ahora poco más de tres. Para tener una idea aproximada de la gravedad de la situación, basta con considerar que hasta hace veinte años en Italia el número de camas por habitante era de cuatro y que países como Austria, Alemania o Francia pueden contar con siete, ocho y cinco camas por cada mil habitantes respectivamente.
Lo mismo se aplica al personal del hospital. En comparación con la media europea de 8,4 enfermeras por cada mil habitantes, en Italia tenemos sólo 6,5 enfermeras por cada mil habitantes. Esta escasez de mano de obra calificada, que además está muy mal pagada con sueldos que que no han subido desde hace veinte años, repercute evidentemente en la calidad del servicio que se ofrece a los enfermos y pacientes. La ecuación es bastante simple: si el número de enfermeras disminuye pero la carga de trabajo sigue siendo la misma, las enfermeras se verán obligadas a trabajar más rápidamente de manera similar a una línea de montaje. Cualquiera que haya estado en un centro de hemodonación se sorprenderá de la rapidez, eficacia y “mecanicidad” con la que las enfermeras realizan su trabajo, con tiempos y métodos que recuerdan a una fábrica…
Esta hemorragia de recursos públicos no se ha detenido y continúa. El presupuesto recientemente votado por el Parlamento y propuesto por el gobierno, por ejemplo, prevé una reducción sistemática y adicional de la parte del PIB invertida en el gasto sanitario. Según las previsiones del gobierno, ésta debería pasar del 6,6% actual al 6,4% en los próximos dos años.
En este contexto, caracterizado por una asistencia sanitaria pública maltratada, dividida en una multitud de pequeños servicios sanitarios regionales que no se hablan entre sí y no intercambian información y que, además, entran en competencia con clínicas e instituciones privadas, también financiadas con dinero público, ha llegado la epidemia del COVID-19.
Para intentar remediar la propagación del virus, que en el momento de redactar este informe (26 de febrero) ha infectado a poco más de 300 personas (a 12 de marzo son ya 15.113 infectados y 1.016 muertos), el gobierno ha adoptado una serie de medidas drásticas que van desde la cuarentena de municipios enteros al cierre de 26.000 escuelas, pasando por la cancelación de cientos de iniciativas económicas, deportivas y culturales.
Además de esto y aprovechando astutamente el clima de miedo y psicosis colectiva, el gobierno ha decretado una prohibición de huelgas que se ha extendido hasta el 31 de marzo. Estas medidas draconianas, sumadas a los infames decretos de seguridad, no impedirán un nuevo contagio, sino que sólo representan un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores llevado a cabo por este gobierno. No podemos dejar de destacar las contradicciones de un gobierno que continúa por un lado con los recortes y la regionalización para humillar al sistema de salud público y por otro, una vez que los bueyes ya se han escapado y no hay nada que hacer, intenta cerrar el establo adoptando serias medidas de confinamiento e imponiendo turnos inhumanos a los trabajadores de la salud.
Como es evidente para cualquiera, solo un sistema de salud público capaz de centralizar los recursos y distribuirlos sería capaz de hacer frente a esta emergencia de una manera útil y eficaz. Por esta razón, convencidos de que la salud de la gente no es algo que pueda tomarse en broma, creemos que es necesario luchar por las siguientes demandas:
- ¡No a la regionalización de la sanidad! Por la inmediata recuperación de un sistema de salud unificado. Por la retirada inmediata de las competencias autonómicas en asuntos relacionados con la salud de las personas. Que la sanidad vuelva a ser una competencia exclusiva del Estado.
- Por una inversión de 30 mil millones de euros en el sistema de salud pública, en detrimento del gasto militar.
- Ni un céntimo a la sanidad privada. Por la inmediata nacionalización de las clínicas, centros médicos y centros de investigación privados, que deben integrarse en el sistema público sanitario.
- Por la nacionalización de los gigantes de la industria farmacéutica italiana que se aprovechan del sufrimiento de los enfermos, empezando con los gigantes del sector y grupos como Menarini, Bracco, Recordati, Alfasigma y Angelini.
- Para que los hospitales vuelvan a poner en el centro el cuidado de las personas, superando la lógica corporativa empresarial de las Unidades Sanitarias Locales y recuperando la función original de los hospitales.
- Por la eliminación de los copagos y la gratuidad de todos los tratamientos y consultas con especialistas.
- ¡No más precariedad! Por la inmediata contratación permanente y un salario mínimo de 1500 euros netos al mes para todos los médicos, enfermeras y trabajadores sociales.