Hace más de tres meses los huracanes Irma y María devastaron la isla de Puerto Rico. A esto siguió un impactante desprecio respecto a la difícil situación que padecían los puertorriqueños por parte de los principales medios de comunicación, así como una respuesta lamentable de la Administración Trump. Fruto de la concepción de “libre mercado” asumida por la administración, 660.000 personas en todo Puerto Rico carecen todavía hoy de electricidad. Aún más impactante es que una investigación independiente ha señalado que mientras las autoridades oficiales afirman que ha habido 64 muertes consecuencia del huracán, ¡el número real podría ascender actualmente a 1.050!
El Gobernador Ricardo Rosello también informó que “con medio millón de hogares parcial o totalmente destruidos, sólo ha llegado 30.000 tiendas de campaña.” Las autoridades oficiales añadieron que sólo el 55% de las viviendas han recuperado la electricidad. Pero muchos puertorriqueños incluso desconfían de esta cifra, y denuncian que áreas enteras, particularmente en las zonas rurales del país, siguen sin tener electricidad. Y además, la isla se enfrenta a una potencial crisis de desahucios masiva con una tercera parte de los propietarios sufriendo retrasos en el pago de sus hipotecas a bancos y sociedades Wall Street.
Las enfermedades mentales han aumentado significativamente. Ya existían altos niveles debido a la destrucción de las condiciones de vida causada por las brutales políticas neoliberales del capitalismo estadounidense, pero ahora se han incrementado los informes de trastornos de estrés post traumático.
La Reserva Federal de Nueva York ha alertado sobre el incremento de la migración, señalando que durante septiembre y octubre han dejado la isla 124.974 personas más que las que han llegado. Sólo en octubre, la isla ha sufrido una pérdida neta de más personas que en todo 2016, perdiendo el 4% de sus empleados asalariados.
Las privatizaciones empeoran aún más la situación
Las autoridades oficiales han justificado los retrasos en la reconstrucción como consecuencia de la propia geografía de la Isla. Si bien los desafíos logísticos son reales, puede encontrarse una explicación más lógica atendiendo al hecho de que se busca una “solución” sobre la base de obtener beneficios. Después de entregar 300 millones a una compañía energética privada de Montana, que sólo tenía dos empleados, el gobierno se vio forzado a cancelar el acuerdo y buscar otras compañías para resolver los problemas de abastecimiento. La Compañía pública de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) se ha visto afectada por fuertes recortes y por privatizaciones, exigiendo además sus acreedores norteamericanos que aumente las tarifas eléctricas, que ya doblan la tarifa media estadounidense. La dependencia de compañías privadas ha significado que la isla se abrió, en su situación más difícil, a compañías cuyo principal interés no es ayudar a la gente sino hacer los mayores beneficios posibles.
No es una “solución” nueva. Las multinacionales estadounidenses y los políticos a su servicio han visto estos desastres, tanto naturales como económicos, como una oportunidad de impulsar políticas brutales basadas en privatizaciones extremas. Así ocurrió en Nueva Orleans tras el huracán Katrina hace ya una década, así como en Grecia, donde las políticas de la Unión Europea forzaron la venta masiva de bienes públicos ¡incluyendo islas!
Traicionados y abandonados por el Gobierno Federal, y afectados por la incapacidad de las codiciosas empresas privadas de cara a reconstruir rápidamente la isla, las comunidades han comenzado a organizarse ayudándose unos a otros. Un puertorriqueño explicaba a la revista Newsweek: “la forma en que la gente conectaba y confiaba en sus vecinos apoyándose unos a otros era increíble. … Mi tía había perdido gran parte de su tejado, y cuando la visité, su casa estaba llena de alimentos enlatados, ya que cada mañana distribuyen comida por su propia cuenta. Fue inspirador”.
Lo que se necesita para restaurar las infraestructuras es un programa masivo de obra pública financiado con fondos federales para reconstruir el país, proporcionar formación y crear nuevos trabajos. Todos los recortes a la PREPA deben ser revertidos y la compañía debe ser dirigida democráticamente por y para el pueblo de Puerto Rico. Las limitaciones al comercio impuestas por Estados Unidos deben ser levantadas y las deudas de la isla con Wall Street canceladas. Y todo financiado mediante impuestos masivos a los ricos.
Los trabajadores en los Estados Unidos deben solidarizarse con los trabajadores, campesinos y la juventud de Puerto Rico, luchando juntos contra el mismo enemigo, los grandes bancos, Wall Street, y el gobierno de los ricos encabezado por Trump.